Informe preliminar elaborado por el Banco Mundial:

La minería tiene limitada capacidad para enfrentar problemas sociales

Informe preliminar afirma que Estado y empresas no cumplen su rol. También da recomendaciones para mejorar relación con comunidades

"Ni el Estado ni las empresas cumplen su rol frente a las comunidades". Esta reflexión es una de las que se desprende de un informe preliminar elaborado por el Banco Mundial sobre las dimensiones sociales y ambientales de la minería en el Perú y que fue encargado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El resumen ejecutivo del estudio fue presentado por el banco a funcionarios, empresarios y ONG en abril, y se espera que su versión final esté lista en las próximas semanas. ¿Qué dice el resumen? En el capitulo sobre el tratamiento de asuntos sociales, el informe concluye: "La capacidad actual de los actores clave para enfrentar los problemas sociales (autoridades y empresas) es muy limitada". ¿Por qué?

Responsabilidades El estudio señala que en abril había 15 zonas mineras que estaban siendo afectadas por conflictos sociales (el resumen ejecutivo no detalla cuáles), los mismos que dependen, en parte, de si la región es de actividad minera antigua o reciente. El informe no hace ninguna referencia crítica al comportamiento de las organizaciones sociales que están al frente de las comunidades (autoridades regionales o de asociaciones comunales) cuando existen reclamos contra la minería . "La industria minera, en forma general, no ha tratado de comprender el entorno ni los aspectos sociales y culturales de las comunidades locales", resalta el informe. También se remarca que el Gobierno ha hecho muy poco para informar a la industria acerca de los estilos de vida de estas comunidades. Asimismo, agrega, existen otros aspectos que han aumentado los problemas sociales, como las expectativas insatisfechas de empleo; los impactos de la adquisición de tierras y reasentamiento; un débil cumplimiento de la normatividad por falta de presencia del Estado; y falta de comunicación adecuada entre las empresas, las comunidades y el Gobierno.

Violencia y prostitución
La presencia minera, según el informe del organismo financiero, ha generado también una proliferación de la prostitución y de la violencia en las zonas próximas a las operaciones. Asimismo, la población tiene la percepción de que la minería es una actividad contaminante que afecta principalmente los recursos hídricos, y que produce emisiones que afectan el aire y la salud pública. La desconfianza ante la actividad minera se acrecienta porque existe una falta de confianza en la capacidad del Estado, en especial del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para hacer cumplir de manera eficiente la normatividad y sancionar a las empresas infractoras. El Banco Mundial recomienda que este organismo sea más proactivo, creando espacios para implementar mejores prácticas ambientales y sociales, colaborando con los operadores mineros y atrayendo la participación de las ONG interesadas. Con este fin, entre otras recomendaciones indica que se debería considerar la posibilidad de poner en marcha casos pilotos a fin de introducir cambios en el proceso de otorgamiento de licencias para nuevos proyectos mineros de envergadura. ¿Tomarán atención las empresas y las autoridades del Gobierno a estas sugerencias ? El tiempo lo dirá.

Las alternativas de solución que da el Banco Mundial son:

1 Promover el diálogo y fomentar un proceso de consulta inicial entre las partes (comunidades y mineras).
2 Determinar desde un inicio los compromisos que las empresas pueden o no asumir.
3 Desarrollar una estrategia de comunicaciones para difundir los beneficios de las operaciones mineras.
4 Formalizar el proceso mediante el cual los operadores suscribirán acuerdos de empleo local y determinar los beneficios que se otorgarán a las partes afectadas en la localidad durante las diversas fases del proceso minero.
5 Crear los lineamientos sobre adquisición de tierras y procesos de reasentamiento.
6 Ampliar el rol del MEM como fuente de información y de lineamientos para la industria minera
7 El Gobierno debe considerar la creación de un defensor del sector que actúe como mediador cuando las partes lo soliciten.

Fuente: El Comercio, 24 de junio 2005 (www.elcomercioperu.com.pe)