Informe
preliminar elaborado por el Banco Mundial:
La minería tiene limitada capacidad para enfrentar
problemas sociales
Informe preliminar afirma que Estado y empresas no cumplen
su rol. También da recomendaciones para mejorar relación con comunidades
"Ni el Estado
ni las empresas cumplen su rol frente a las comunidades". Esta reflexión
es una de las que se desprende de un informe preliminar elaborado por el Banco
Mundial sobre las dimensiones sociales y ambientales de la minería en el Perú y
que fue encargado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El resumen
ejecutivo del estudio fue presentado por el banco a funcionarios, empresarios y
ONG en abril, y se espera que su versión final esté lista en las próximas
semanas. ¿Qué dice el resumen? En el capitulo sobre el tratamiento de asuntos
sociales, el informe concluye: "La capacidad actual de los actores clave
para enfrentar los problemas sociales (autoridades y empresas) es muy
limitada". ¿Por qué?
Responsabilidades El estudio señala que en
abril había 15 zonas mineras que estaban siendo afectadas por conflictos
sociales (el resumen ejecutivo no detalla cuáles), los mismos que dependen, en
parte, de si la región es de actividad minera antigua o reciente. El informe no
hace ninguna referencia crítica al comportamiento de las organizaciones
sociales que están al frente de las comunidades (autoridades regionales o de
asociaciones comunales) cuando existen reclamos contra la minería . "La
industria minera, en forma general, no ha tratado de comprender el entorno ni
los aspectos sociales y culturales de las comunidades locales", resalta el
informe. También se remarca que el Gobierno ha hecho muy poco para informar a
la industria acerca de los estilos de vida de estas comunidades. Asimismo,
agrega, existen otros aspectos que han aumentado los problemas sociales, como
las expectativas insatisfechas de empleo; los impactos de la adquisición de
tierras y reasentamiento; un débil cumplimiento de la normatividad por falta de
presencia del Estado; y falta de comunicación adecuada entre las empresas, las
comunidades y el Gobierno.
Violencia y
prostitución
La
presencia minera, según el informe del organismo financiero, ha generado
también una proliferación de la prostitución y de la violencia en las zonas
próximas a las operaciones. Asimismo, la población tiene la percepción de que
la minería es una actividad contaminante que afecta principalmente los recursos
hídricos, y que produce emisiones que afectan el aire y la salud pública. La
desconfianza ante la actividad minera se acrecienta porque existe una falta de
confianza en la capacidad del Estado, en especial del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), para hacer cumplir de manera eficiente la normatividad y sancionar
a las empresas infractoras. El Banco Mundial recomienda que este organismo sea
más proactivo, creando espacios para implementar mejores prácticas ambientales
y sociales, colaborando con los operadores mineros y atrayendo la participación
de las ONG interesadas. Con este fin, entre otras recomendaciones indica que se
debería considerar la posibilidad de poner en marcha casos pilotos a fin de
introducir cambios en el proceso de otorgamiento de licencias para nuevos
proyectos mineros de envergadura. ¿Tomarán atención las empresas y las
autoridades del Gobierno a estas sugerencias ? El
tiempo lo dirá.
Las alternativas de solución que da el Banco Mundial son:
1 Promover el diálogo y
fomentar un proceso de consulta inicial entre las partes (comunidades y
mineras).
2 Determinar desde un
inicio los compromisos que las empresas pueden o no asumir.
3 Desarrollar una
estrategia de comunicaciones para difundir los beneficios de las operaciones
mineras.
4 Formalizar el proceso
mediante el cual los operadores suscribirán acuerdos de empleo local y determinar
los beneficios que se otorgarán a las partes afectadas en la localidad durante
las diversas fases del proceso minero.
5 Crear los
lineamientos sobre adquisición de tierras y procesos de reasentamiento.
6 Ampliar el rol del
MEM como fuente de información y de lineamientos para la industria minera
7 El Gobierno debe
considerar la creación de un defensor del sector que actúe como mediador cuando
las partes lo soliciten.
Fuente:
El Comercio, 24 de junio 2005 (www.elcomercioperu.com.pe)