Estimados
Amigos y Amigas:
Recibo el Premio
Nacional de Derechos Humanos "Ángel Escobar Jurado" con humildad,
alegría y gratitud y en un momento en el que Mons. Dammert, que se regocijaría
con este reconocimiento, atraviesa problemas de salud de los cuales todos
esperamos se recupere pronto.
Grande es mi
sorpresa por esta premiación. Lo agradezco en nombre de todo mi pueblo, de mis
compañeros sacerdotes Segundo y Francisco, de mis compañeros de trabajo en
GRUFIDES y ECOVIDA y de manera especial en nombre de los campesinos que afirman
su ciudadanía luchando pacíficamente por su derecho al agua y su salud en un
país que sigue ignorándolos y excluyéndolos.
Recién ordenado
sacerdote (1990) fui enviado por Mons. José Dammert Bellido, el ilustre obispo
de los pobres, a trabajar en la parroquia rural de Porcón (1990-1994). Allí
debí aprender a acompañar a ese pueblo pobre en su lucha por defender sus
derechos a la propiedad, la tranquilidad pública y el agua limpia. En 1992,
llegaron los primeros mineros a Cajamarca haciendo un impresionante derroche de
medios de seguridad: convoyes de personal armado circulando por las carreteras
de Porcón desplazándonos a un lado de la vía a todos los que circulábamos por
ella. [1]
En las partes
altas de las comunidades, los funcionarios encargados de las compras de las
tierras colocaban a desconcertados campesinos ante la incomprensible
disyuntiva: “o vendían sus tierras a cien nuevos soles la hectárea o les
expropiaban” . [2] Una aplicación arbitraria de la Nueva Ley de Minería lo
permitía porque “la ley es la ley”. Decenas de familias campesinas fueron
víctimas de esa amenaza, pero otras decidieron defenderse y encontraron en mi
parroquia el soporte para hacerlo. [3] La tarea pastoral que Mons. Dammert nos había encargado
no era sólo el anuncio doctrinal, sino la práctica del mandamiento del amor
traducido en fraternidad y solidaridad concreta para con los pobres. El grupo
de jóvenes sacerdotes que trabajamos en esta opción pastoral en la Diócesis de
Cajamarca teníamos muy claro las palabras de Santiago: “Quien dice que ama
a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve es un mentiroso”. La
defensa de los derechos humanos de los más pobres no nos alejaba de nuestra
misión pastoral sino que la confirmaba. En la parroquia de Porcón, junto a la
formación sacramental debimos comprometernos prontamente a luchar contra la
violencia familiar que soportaban las mujeres y los niños de debido a la
arraigada ideología machista cajamarquina; también debimos trabajar porque los
niños y las madres tuvieran acceso adecuado y digno a los programas
alimentarios de CARITAS, el PRONAA y algunas ONGs que actuaban en el medio; o
porque en las postas médicas los campesinos fueran tratados con dignidad y
respeto; y no menos importante trabajar para que los jóvenes campesinos
tuvieran acceso a la educación secundaria y por ello creamos el Colegio
Parroquial “Cristo Ramos” de Porcón que acogió a jóvenes sin discriminación
religiosa o de cualquier otra índole.
Con el
transcurrir de los años, los problemas relacionados con violaciones de derechos
humanos se hicieron más hondos y agudos en la zona por la presencia de Minera
Yanacocha. En la primera intervención en favor de los derechos humanos de los
campesinos afectados por actividades mineras estuvo la lucha por la defensa de
la propiedad de la tierra de los campesinos del Quilish (años 1993-1994). Después
de que las vías de diálogo con la empresa fracasaran apoyamos una denuncia
contra Minera Yanacocha ante la IV Fiscalía Provincial, que gracias al CEAS
logró tener repercusión nacional, debido a ello, los funcionarios mineros
fueron obligados a someterse a un proceso de diálogo y negociación que terminó
en el salón parroquial cuando la empresa reconoció que debía pagar
indemnizaciones por daños contra la propiedad, y finalmente comprendieron que
debían pagar precios más altos por las tierras (de cien nuevos soles se pasó a
dos mil, tres mil y más nuevos soles). [4] Aún cuando quedan decenas de familias campesinas que en
otras comunidades siguen reclamando porque la empresa minera les devuelva
tierras o les pague precios justos, lo cierto es que, de este primer conflicto
los campesinos aprendieron a proteger y ejercitar sus derechos, pero los
funcionarios mineros no supieron captar lo esencial: si querían hacer minería
debían asumir que los campesinos no son un estorbo para sus planes de expansión
minera, tampoco son las rémoras que impiden la modernidad y el progreso
económico, sino ciudadanos que como cualquier otro peruano tienen derecho a
defender su propiedad, su derecho al acceso y uso del agua, su tranquilidad
pública, sus usos y costumbres y finalmente su derecho a vivir en un ambiente
sano y saludable. Respeto y reconocimiento era lo que se ha venido reclamando y
eso ha sido precisamente lo que la empresa minera ignoró por años, limitándose
a dar regalos, oportunidades de trabajo a las autoridades campesinas que
aprobaran el “certificado de buena conducta” a condición de que hubiera cero
reclamos, cero oposición. Debido a ello, se instaló un falso clima de buena
vecindad que la oficina de comunicaciones y de relaciones externas de Yanacocha
se encargó de vender a todo el país. [5]
Habiendo
participado todos estos años de los conflictos existentes entre las comunidades
campesinas y la Empresa Minera Yanacocha, y habiendo sido testigo de las
innumerables muertes de truchas en los ríos del sistema hídrico que afectan las
operaciones mineras, y por desgracia también testigo de los infaustos sucesos
de Choropampa donde más de mil campesinos fueron intoxicados por el derrame de
mercurio en junio del año 2000, puedo decir que la causa fundamental de todos
estos conflictos radica en el desconocimiento de los derechos y la negación de la
ciudadanía de los campesinos, y en general de las poblaciones del Perú
profundo. Allí está por ejemplo, una legislación minera que basándose en el
precepto constitucional de que los recursos naturales son del Estado, permite
que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, terminen entregando en un
escritorio de San Borja en Lima cientos de concesiones mineras en territorios
habitados, sin consultar a las autoridades locales ni menos a los humildes
agricultores y ganaderos que ancestralmente han venido viviendo en esas zonas
calificadas “técnicamente” como “inhóspitas”, “no aptas para la agricultura”
sin contemplar el hecho de que estas poblaciones debieran ser informadas y
consultadas previamente sobre la decisión de un Estado que decide entregar el subsuelo
a las empresas mineras. La distinción misma de propiedad de suelos y subsuelos,
resulta aún incomprensible para los campesinos, y la norma que sirve para
justificar que el proceso es público y transparente porque se publica en el
Diario oficial El Peruano y en un diario oficial local resultan irrisorias para
la mayoría de las poblaciones rurales que son analfabetas; no están
acostumbradas a leer diarios que por lo demás solo se venden en las ciudades y
cuestan el equivalente del dinero que necesitarían para un día del pan de toda
la familia.
En estos años de
diversos conflictos mineros en el país, que en Tambogrande, Majaz y Pulán han
cobrado víctimas entre los líderes de las comunidades y daños contra la
propiedad privada de las empresas mineras, han sido muchos los que han querido
explicar los conflictos en términos simplistas diciendo que se trataba de “campesinos
borrachos a los que un cura rojo y ONGs internacionales reparten alcohol y
dinero para manipularlos” . Otros, creyendo que el Perú es Lima y
propiedad de los empresarios mineros no han sentido vergüenza para escribir que
los cajamarquinos no tenemos el derecho “de privar a todo el Perú de las
riquezas que, si bien están ubicadas en Cajamarca pertenecen a todos los
peruanos” , y hasta hubo un caricaturista que ilustró ese artículo en un
prestigioso diario de la capital con la figura de un perro bravo que tenía bajo
sus patas dos lingotes de oro. ¡Qué falta de respeto!, ¡cuánta ofensa y
distancia hay entre las poblaciones del Perú Profundo y algunos líderes de
opinión, muchos empresarios mineros, algunos políticos y algunos periodistas! Nuestro
país necesita, sin duda, ser reconciliado.
Pero, por
fortuna el Perú está cambiando, todos los que apostamos por la democracia
tenemos una esperanza y nos esforzamos por construir un Perú equitativo, sin
exclusiones y por fin reconciliado. Un país que no clasifique a sus ciudadanos
en categorías de primera, segunda o tercera categoría, sino un país de
ciudadanos plenos, desde Ilave hasta Cajamarca, desde Lima hasta Iquitos, desde
Tacna hasta Piura. En Cajamarca, tuvimos el atrevimiento de considerar que el
desarrollo no solo consiste en el crecimiento económico que traía consigo la
minería, sino de exigir que efectivamente se respeten los derechos fundamentales
a la vida, la salud, la educación, el trabajo. También por fortuna, al igual
que en todo el país, en Cajamarca no somos pocos, los artesanos de la paz y la
justicia social, y los habemos ciudadanos de las urbes y del campo, empresarios
locales que aprendieron las lecciones de la década de la violencia, algunos
funcionarios públicos que no ven el Estado como botín y cristianos y no
cristianos que comparten el mismo objetivo de ver algún día nuestro país como
un lugar en el que la justicia y la paz germinan y crecen.
Los
cajamarquinos somos gente de paz, si nos levantamos contra los abusos de la
empresa minera fue porque no queríamos un día más de dignidad pisoteada y de
vivir en la ilusión de un falso bienestar que solo alcanza a los pocos
privilegiados de la empresa minera. Los cajamarquinos que nos dimos la mano en
la lucha del Quilish, no solo vimos amenazadas nuestras aguas sino también
nuestro bienestar social, ya que si bien es cierto que el crecimiento del PBI
en los últimos años a nivel regional ha crecido a un ritmo sostenido promedio
de 7%, superior al promedio de Lima, debido a las actividades mineras, este
crecimiento no se condice con el incremento de la desnutrición crónica de
nuestros niños que, según el PNUD en el periodo de 1996 al 2000 pasó de 38.7%
al 42.8%. Tener la mina de oro más importante de América Latina operando con
los costos de producción más bajos del mundo sólo enorgullece a los que se
llevan las enormes ganancias, pero para los cajamarquinos la pobreza y la
contaminación duele y duele hondo. Más aún cuando las políticas del gobierno se
han esmerado en promover la minería, desatendiendo a los productores del campo,
en una región que hoy la denominan “minera”, olvidando que más del 70% de su
población es rural, por tanto agrícola, ganadera y artesana.
Los conflictos
del Quilish sirvieron para dar cuenta de que en Cajamarca, la minería, como
hace 500 años ha seguido siendo lugar de desencuentros, en una historia que se
ha resistido a cambiar. La lucha pacífica que iniciaron los campesinos el tres
de setiembre y que luego logró la solidaridad de todo el pueblo para defender
el Quilish, que es verdad tuvo sus heridos y detenidos y una masacre policial
en el sufrido pueblo de Choropampa que debe investigarse, [6] ha sido una lucha que puede cambiar la historia de la
minería y de la agricultura en nuestro país. Cómo y por dónde comenzar es una
tarea que se nos ha abierto hacia delante, pero ello no ocurrirá:
- Si nuestras
más altas autoridades siguen de espaldas a la realidad, discutiendo temas
irrelevantes y los ministerios siguen siendo simples oficinas de trámites
burocráticos de las empresas mineras. Reformar la legislación minera, la de
inversión privada y de aguas para hacerlas compatibles con una reivindicación
del Código del medio ambiente y la independización y unificación del sistema
nacional ambiental en el marco del proceso de regionalización y
descentralización con promoción del agro es una tarea titánica pero urgente. De
lo contrario, las amenazas más importantes a la gobernabilidad y la
institucionalidad democrática por el lado del estallido de conflictos mineros
no vendrán de fuera del Estado y del gobierno, sino desde sus propias entrañas.
- Si los
empresarios mineros solo siguen viendo las montañas de los andes como tajos
abiertos de donde sacar más oro, y mirando a los campesinos como
“supersticiosos”, “defensores de apus”, “manipulables”, “borrachos y
analfabetos”, “utilizados por políticos y ONGs”, y negando a los campesinos y a
las poblaciones provincianas el ejercicio de su ciudadanía y la legitimidad de
sus reclamos. Está en manos de los empresarios mineros contribuir a cambiar la
historia narrada por Manuel Scorza en su Redoble por Rancas y contribuir a
reconciliar el país desde un ejercicio social y ambientalmente responsable de
la actividad minera.
- Si nuestros
políticos, líderes de opinión y comunicadores solo se rasgan las vestiduras
cuando el Perú Profundo arde y solo es reconocido cuando afirma: “Paro, luego
existo” [7] como decía un titular del Diario La República. Debe cesar
la actitud farisaica de rasgarse las vestiduras, por una supuesta estabilidad
jurídica cuando ésta favorece a los grande intereses de las empresas mineras y
la inversión privada, y callan con complicidad ante las múltiples derogatoria
de artículos del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales del Perú
que terminó hecho pedazos por la ley de promoción de la inversión privada y fue
pulverizado el sistema nacional de gestión ambiental. Armonizar la inversión
privada, y la ley de minería con los derechos sociales y ambientales de los
pueblos es una tarea que ninguno de nuestras autoridades y representantes en el
Congreso, las municipalidades y gobiernos regionales deben eludir.
Señores de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sabiendo que en cierto modo el
equipo de jóvenes profesionales de GRUFIDES y de ECOVIDA, así como todos los
que acompañaron al pueblo de Cajamarca y a sus organizaciones en su justa
lucha, el P. Gastón Garatea, los miembros de la propia Coordinadora de DD.HH.,
la Red Muqui, la Defensoría del Pueblo, FEDEPAZ, LABOR, COOPERACCION, Oxfam América,
los congresistas cajamarquinos y tanto otros, recibimos con alegría el premio
de Derechos Humanos "Ángel Escobar Jurado", que nos recordará siempre
con el evangelio que “si el grano de trigo muere lo hace para fructificar”.
Se trata de un
importante reconocimiento en el camino, inesperado por cierto, pero que nos
invita a continuar en las jornadas que avisoramos ayer y que nos esperan
mañana. Que el buen Dios siga protegiendo a los cajamarquinos, que el Estado
sirva para los fines que la Constitución le asigna, que los empresarios mineros
no se desatiendan de la su nueva hora, de su nueva responsabilidad.
Muchas gracias.
Lima, 10 de diciembre de 2004.
[1] Cientos de camionetas de la mina circulaban por las
carreteras y aún en la propia ciudad con circulinas de uso policial hasta el
año 2001 en que las críticas de la población y las presiones de las autoridades
municipales los obligaron a dejar de utilizar las circulinas.
[2] Los Ingenieros Julio Escalante y Esaul Sales fueron los
protagonistas de dichos maltratos con los campesinos, el primero de ellos fue
removido, mientras que el segundo sigue trabajando hasta ahora para Yanacocha a
pesar de las múltiples quejas de los campesinos.
[3] Para tal efecto contamos con la asesoría legal de la Dra.
Fresia Lezama Vigo y de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS.
[4] Un estudio de este proceso en: ARANA Z., Marco. Resolución
de Conflictos Medioambientales en la Microcuenca del Río Porcón, Cajamarca
1993-2002 . Tesis de Maestría en Sociología. PUCP, 2002.
[5] En Cajamarca, Minera Yanacocha auspicia casi todos los
medios de comunicación escritos, radiales y televisivos y por lo menos publica
tres revistas mensuales que difunden su imagen. Las imprentas más importantes
publican materiales impresos de la mina y se sienten temerosas de publicar
materiales que pudieran ser alternativos a la “línea oficial”.
[6] Los líderes de la defensa del Quilish han solicitado a la
Coordinadora de Derechos Humanos la realización de una investigación acerca de
la minería y las violaciones de derechos humanos en el Departamento de
Cajamarca.
[7] Diario La República. 25 de
noviembre de 2004.