La irresponsabilidad ambiental y social de Yanacocha
Por Marco Arana Zegarra
En 1993, Cajamarca
recibió a Minera Yanacocha con los brazos abiertos. Las promesas de trabajo,
canon minero, utilización de tecnologías limpias entusiasmaron a la inmensa
mayoría de los cajamarquinos. ¿Quién podía poner en duda que, luego del
aislamiento económico en que quedó el país por la desacertada política
económica de Alan García, Yanacocha aparecía como la primera gran inversión
extranjera significativa que devolvía al país la oportunidad de reinsertarse en
la economía global?, si además se tiene en cuenta que ese año el país sufría el
desangramiento de la violencia política y la crisis institucional del autogolpe
de Estado del fujimorismo, la llegada de la inversión minera sólo podía ser
percibida como el anuncio de nuevos tiempos para la economía nacional.
Cuando hacia fines de
1993 y a inicios de 1994, los campesinos denunciaron los abusos que los mineros
venían cometiendo en los procesos de compras de tierras en la zona del Cerro
Quilish y Combayo, las voces para defender los derechos de los campesinos
fueron aisladas y vistas con cierta desconfianza. El denominado “boom” minero
había embotado las mentes de las autoridades y neutralizado la acción
responsable de los partidos políticos y las organizaciones sociales (incluidas
ONGs) que asumieron acríticamente que la inversión privada era sinónimo de
desarrollo y que la “nueva minería” era una minería ambientalmente “limpia”.
La voz de la Iglesia
Católica que se había solidarizado con la defensa de los derechos de los
campesinos sonaba como aislada “aguafiestas”, pero claramente profética y
enérgica: “si no se colocan los mecanismos de redistribución que incluyan a los
campesinos en los beneficios, la historia de la minería seguirá siendo aquella
de explotación y miseria” eran las solitarias palabras de Monseñor Dammert en
un artículo publicado por el Diario La República en 1994.
Once años después
(setiembre del 2004), Minera Yanacocha ha experimentado el peor rechazo de la
población cajamarquina que, cansada de la soberbia, manipulación y mentiras de
la empresa minera, se levantó para defender el Cerro Quilish y cuestionar el
conjunto de las relaciones de la empresa minera con la comunidad. La costosa política
de imagen institucional minera se vino al suelo como un castillo de naipes.
Yanacocha, la empresa que había sido premiada en repetidas oportunidades como
modelo de responsabilidad social y empresarial, quedó de pronto ante todo el
país sin su máscara: su responsabilidad ambiental y social estaba siendo
seriamente cuestionada por miles de ciudadanos cajamarquinos.
Lo peculiar del
reclamo ciudadano fue que el cuestionamiento más severo no se dirigió contra la
inversión privada, ni contra la minería en general, sino contra la
irresponsabilidad ambiental y social de Minera Yanacocha que amenazaba la salud
y la vida de los pobladores de las comunidades aledañas. Lo más importante fue
que el cuestionamiento más radical y profundo fue planteado desde los más
débiles del tejido social: los campesinos, que se sintieron amenazados por el
avance descontrolado de las operaciones mineras sobre sus tierras, y sobre la
escasez y la falta de garantías sobre la calidad de sus aguas. A esos reclamos,
que la oficina de información de Yanacocha denominó reclamos aislados de un
“grupo de campesinos borrachos azuzados por ONGs ambientalistas y un cura que
les distribuye aguardiente”, se sumaron inmediatamente las protestas
multitudinarias de la población urbana, trabajadora y estudiantil.
De manera
reiterativa, los funcionarios de Yanacocha despreciaron la creciente protesta
ciudadana e intentaron por todos los medios de deslegitimar la protesta
ciudadana, señalando en diversos medios de comunicación que se trataba de una
protesta que ponía en peligro la inversión privada, la minería y finalmente el
desarrollo. La soberbia de los funcionarios mineros, seguía haciéndolos
incapaces de mirar y responder adecuadamente a la compleja situación de
descontento social y arriesgando salidas violentas que a lo largo de quince
días de movilización ciudadana siempre estuvieron pendientes cual espada de
Damocles.
La crisis del Quilish
mostró que Yanacocha no había aprendido las lecciones de Choropampa
La primera vez que el
rostro duro y fiero de Yanacocha se puso al descubierto en toda su magnitud fue
con el derrame de mercurio en las localidades de San Juan, Choropampa y
Magdalena (Junio 2000). Allí, en vez de evacuar a la población, como se les
recomendó oportunamente en una reunión habida en el Obispado de Cajamarca, los
funcionarios optaron por seguir exponiendo a la población al vapor del
mercurio, sea porque no estaban conscientes ni preparados para asumir una
emergencia de tal magnitud o porque, al final de cuentas, se trataba de
campesinos, pobres y despreciables (“borrachos y manipulados”) a los cuales
pagarles unos centavos para que recogieran el mercurio, sin accesorio alguno de
protección, y pagar magras indemnizaciones resultaba más barato que disponer la
evacuación masiva de la población y una cuidadosa limpieza.
La crisis del Quilish
también puso en evidencia que Yanacocha no había aprendido las lecciones de
Choropampa: las mismas personas que (mal) manejaron las relaciones con la
población contaminada por el mercurio seguían siendo las voces autorizadas de
la empresa minera. Y, si bien habían algunos rostros y voces nuevas de la
empresa, estos no fueron para corregir errores, sino para ocultar evidencias y
recuperar el terreno perdido utilizando dos estrategias: la billetera en mano o
utilizando de manera perversa los medios de comunicación que mostraba a
pobladores afectados que aparecían dando “gracias a Dios” a Yanacocha por
haberlos ayudado durante la enfermedad del mercurio (sic.); pobladores que
celebraban su fiesta patronal a los pocos días del derrame de mercurio bebiendo
cerveza y jugando fulbito con premios donados por Yanacocha y por tanto
agradecidos a la empresa. De otro lado, cuando cientos de pobladores
protestaban tomando carreteras se les presentó mediáticamente como delincuentes
que no sabían respetar la ley y el estado de derecho.
A pesar que, para
Yanacocha los sucesos de Choropampa debieron ser una oportunidad para realizar
el cambio organizacional que la dimensión y el acelerado crecimiento de sus operaciones
exigía, los funcionarios mineros se negaron a aprender, y por tanto a realizar
una adecuada gestión del cambio en profundidad: la inversión social empresarial
siguió sometida a su política de marketing y utilizada bajo un perverso esquema
de control social y no de desarrollo; tampoco los “nuevos” planes de
contingencia y las “nuevas” medidas de seguridad llegaron a constituir cambios
sustantivos en la gestión ambiental de la empresa.
El enfoque de la sola
rentabilidad empresarial, divorciada de la responsabilidad ambiental y social
fue el mayor error de la empresa
La búsqueda obsesiva
de una competitividad empresarial no centrada en indicadores de responsabilidad
ambiental y social empresarial, sino unilateralmente en indicadores económicos
dejó contentos a los funcionarios mirando cómo día a día crecían las inmensas
riquezas de la empresa: reducción de costos de producción, incremento de la
producción total de oro, incremento de las ventas, ratio costo/beneficio, inversión/rentabilidad,
etc.
Los premios
autoconferidos por empresas o gremios “amigos” como CONFIEP a la excelencia
ambiental, social y la competitividad de Yanacocha confirmaban que la empresa
era la más responsable del ramo.
Entonces los
funcionarios consideraron que el creciente descontento del pueblo de Cajamarca
era un rumor del cual podía prescindirse, mientras contaban con que sus
convenios con las autoridades locales eran suficientes para neutralizarlas o
condicionarlas; de otro lado una caja chica bien nutrida podía seguir inundando
de regalos a todos aquellos (personas o instituciones) que extendiesen la mano
y que los funcionarios consideraran “aliados estratégicos”.
El Fondo de Inversión
Social Los Andes, prometía dar dinero a cualquier proyecto que presentasen ONGs
dispuestas a “portarse bien” con Minera Yanacocha. Las Oficinas de Desarrollo
Rural, Comunicaciones y Relaciones de la empresa fueron convertidas en el Santa
Claus local, y se dieron abasto suficiente para no perder ocasión alguna para
financiar cuanta actividad local se presentase oportuna para redituar
publicidad y generar supuestas adhesiones y socios: las fiestas de carnaval;
los festivales deportivos, musicales y literarios; el apadrinamiento de fiestas
y viajes de promoción; combustible para los vehículos de la policía; la
construcción de templos católicos y evangélicos; el regalo de cuadernos,
carpetas, castillos de fuegos artificiales, ropa deportiva o whisky a colegios
profesionales o instituciones públicas que tuvieran la suerte que los
funcionarios mineros calificaran como “aliados estratégicos” o, en el colmo del
derroche y la ansiedad, llegaran a regalar una camioneta 4 x 4 para el
campeonato de “fulbito cholo” con las comunidades aledañas al Cerro Quilish.
Yanacocha debe aprender a
implementar verdaderas respuestas a problemas verdaderos
A lo largo de once
años, los funcionarios de la empresa minera recibieron diversos reclamos y
propuestas de la población para que pudieran resolver los problemas generados
por sus impactos sociales y ambientales, pero paradójicamente siempre
menospreciaron tales alcances, probablemente porque no consideraban que
importantes sectores de la población cajamarquina merecían ser vistos y
tratados como ciudadanos con derechos y responsabilidades.
Diversos fueron los
mecanismos ensayados para que la empresa minera pudiera resolver los conflictos
existentes con la comunidad, sin embargo en todos ellos el desempeño de los
funcionarios de la empresa minera fue totalmente errado e ineficiente:
Los reclamos de los
campesinos a quienes se les compró tierras a precios irrisorios de cien nuevos
soles por hectárea, no se resolvió con indemnizaciones o canje de tierras sino
creando un fondo de créditos rotatorios con lo cual terminaron quedándose sin
tierras y convirtiéndose en deudores del fondo crediticio de Minera Yanacocha.
Las indemnizaciones a
las personas intoxicadas por el mercurio se hicieron haciéndoles firmar
documentos privados por los cuales se obligaba a los afectados a renunciar a su
derecho de defensa legal en tribunales locales, regionales, nacionales e
internacionales y expresando que eximían a Yanacocha, sus funcionarios y
empresas contratistas de responsabilidad alguna en los hechos ocurridos.
Actualmente, los reclamos de las poblaciones de Choropampa, San Juan y
Magdalena afectadas por el mercurio, según Yanacocha constituyen “un caso
superado” pero que recientemente una Corte americana ha acogido.
La exposición a
riesgos innecesarios de la población urbana y rural. Por años, la empresa
minera sigue desoyendo los reclamos de autoridades y de la población para
construir una vía alterna a la ciudad para el transporte de sustancias
altamente tóxicas como el cianuro, anfo, mercurio, gas cloro entre otras las
que siguen transportándose por vías céntricas de la ciudad y a cualquier
horario del día (fin de la primera parte).
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