El diario “The New York Times” acaba de publicar una
extensa crónica sobre la mina Yanacocha. Su historia es también nuestra
historia: Corrupción, falta de transparencia y fragmentación social. Un breve
repaso.
Corrupción
Yanacocha es la mina de oro más grande del mundo. En
quechua, Yanacocha significa “lago negro". Negra es también la historia de
Yanacocha y la de su dueño, la minera estadounidense Newmont. El año 2000,
Newmont obtuvo el control de la mina, ganando una batalla legal contra la
minera estatal francesa BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres) y
su socio australiano, la minera Normandy Poseidon.
Pero la decisión del Poder Judicial peruano fue el
resultado de presiones políticas. Inicialmente, la justicia peruana había
fallado a favor de la estadounidense Newmont en dos ocasiones. Pero, en 1997,
la Corte Suprema volvió a abrir el caso al mismo tiempo que el gobierno francés
ejercía intensas presiones sobre el gobierno peruano. La New York Times asegura
que hasta el presidente francés, Jacques Chirac, se inmiscuyó en el asunto
escribiéndole al entonces presidente peruano, Alberto Fujimori.
Newmont no se quiso quedar atrás. A través de un alto
ejecutivo, Lawrence T. Kurlander, empezó a contactar a Vladimiro Montesinos. El
26 de febrero de 1998, Kurlander visita al jefe del SIN. La visita está
registrada en el amplio fundo de “vladivideos” descubiertos hasta el momento. Durante
el encuentro, Montesinos se compromete a intervenir en el caso. No hay
evidencia de sobornos.
El ocho de mayo, la sexta sala de la Corte Suprema vota,
pero no llega a una decisión. Son tres votos a favor de Newmont, y tres en contra.
Para romper el empate, el Poder Judicial convoca a Jaime Beltrán Quiroga. Al
día siguiente, Beltrán Quiroga aparece en la sala de Montesinos. Éste le habla
de la importancia de la decisión, sostiene que es de interés nacional mantener
buenas relaciones con los Estados Unidos. Por supuesto, Montesinos no cuenta
que trabaja para el servicio de inteligencia estadounidense, CIA, recibiendo un
millón de dólares anuales, supuestamente por la lucha antidrogas. Más bien,
promete a Beltrán Quiroga un ascenso.
Dos semanas después se hace público el voto dirimente de
Beltrán Quiroga: A favor de Newmont y su socio peruano, Buenaventura. Ambos
adquieren la participación de la francesa BRGM al precio de compra establecido
en 1993: 110 millones de dólares. El valor real, sin embargo, era cinco veces
mayor.
Falta de transparencia
Las protestas sociales en contra de Newmont explotaron en
setiembre del 2004. Newmont había expandido su área de explotación hacia el
cerro Quilish. Miles de personas bloquean el camino de acceso al cerro Quilish.
El resultado fueron duros enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos y
heridos. Durantes los días de protesta, Newmont sigue extrayendo oro,
movilizando a sus trabajadores a través de helicópteros.
La protesta es liderada por el padre Marco Arana, seguidor de la Teología de la Liberación. En los
últimos tiempos, las protestas también han sido apoyadas por la ONG inglesa Oxfam.
Los protestantes alegaban contaminación ambiental por
parte de Newmont. Según la investigación de la New York Times, existen indicios
suficientes para demostrarlo. En junio del 2000, un camión de Newmont derramó
150 kilogramos de mercurio a lo largo de varios kilómetros en Choropampa, en
las inmediaciones de la mina. Los pobladores, pensando que el mercurio contenía
oro, lo recogieron. Algunos de ellos incluso lo llevaron a sus casas.
Una investigación del Banco Mundial concluyó que Newmont
demoró en comunicar el accidente al gobierno, restándole importancia. El
gobierno peruano finalmente multó a Newmont con 500 mil dólares. Además, existe
una juicio colectivo en contra de Newmont en Estados Unidos, acusándola de
haber lesionado a más de mil personas.
Poco después del incidente, Newmont encargó un estudio
sobre el impacto ambiental de Yanacocha. Los resultados de la investigación
nunca fueron hechos públicos, ni siquiera comunicados a los accionistas de la
empresa. Pero la New York Times asegura tener acceso al estudio y sus 44
conclusiones. Según este diario, el estudio confirma muchas de las protestas de
los pobladores de Yanacocha: Las aguas estaban siendo contaminadas y los peces
desaparecían. En una carta escrita por Kurlander, ejecutivo de Newmont, y
dirigida a su jefe, Wayne Murdy, se habla de resultados tan serios que podrían
poner en peligro el funcionamiento de la mina e incluso acarrear “acusación
penal y encarcelación".
Los pésimos resultados del estudio ambiental hicieron que
Newmont invirtiera mucho más dinero en la protección al medio ambiente. Según
Murdy, Newmont gastó 100 millones de dólares para ello. Hace tres años, el
Banco Mundial encargó un estudio geoquímico sobre el impacto de la mina en las
aguas. El estudio demuestra que la calidad del agua es buena, apta para el
consumo humano. Pero también señala que, a largo plazo, la calidad del agua
podría verse seriamente afectada por los residuos químicos que la mina produce
y que con el tiempo entrarían en contacto con el agua. Por esa razón, será
necesario un constante monitoreo y ciudado ambiental, aun cuando la mina haya
dejado de operar en el futuro.
Fragmentación social
Más allá de las inconductas de Newmont (que deben ser
investigadas) salta a la vista la ausencia del Estado como mediador entre
sociedad y empresa privada. La pésima gestión ambiental de Newmont hasta el año
2000 debió haber sido detectada, publicada y sancionada por el Estado. Las
violentas protestas del 2004 se habrían podido evitar estableciendo un
eficiente canal de comunicación con los pobladores de Yanacocha, informándoles
sobre irregularidades, avances y multas, pero también haciéndolos partícipes de
una discusión sobre ventajas y desventajas de las inversiones mineras.
Newmont sostiene que solo en el 2004 ha pagado 180
millones de dólares en impuestos, de los cuales la mitad correspondieron a la
provincia de Cajamarca. Pero tanto dinero no tendrá utilidad alguna mientras no
sea transformado en proyectos útiles, de largo plazo, que repercutan de manera
significativa en desarrollo y bienestar de los cajamarquinos. Para ello hace
falta la articulación de un proyecto común, inclusivo e igualitario, tanto a
nivel nacional como provincial.
Las declaraciones de Alberto Benavides, jefe de
Buenaventura y socio de Newmont, representan el sentir de buena parte del
empresariado peruano. El New York Times le preguntó si la explotación de
Yanacocha requería también una “licencia social", es decir, si debía
contar con el consentimiento de los pobladores. Su respuesta fue:
No entiendo lo que “licencia social” quiere decir. Yo
requiero una licencia de las autoridades, del Ministerio de Energía y Minas. Requiero
una licencia del gobierno regional. No requiero una licencia de toda la
comunidad.
La misma perspectiva es adoptada por la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI) y políticos de derecha cuando reclama “mano dura” y la
“imposición de autoridad” cuando hay protestas sociales. Para ellos, las
protestas son el resultado de “elementos infiltrados” de Patria Roja, del
narcotráfico o de Sendero Luminoso. De este modo, buscan ningunear a las
protestas, restarles credibilidad y evitar el diálogo.
Saben que la ley y el aparato del Estado están de su
lado. Pero no han aprendido la lección boliviana. Allá, en Bolivia, los
políticos de derecha saben lo que significa un desborde masivo, incontrolable. El
actual presidente Quiroga ha modificado su discurso “economista” por otro que
le da mucho más espacio a las demandas sociales.
Por Evaristo Pentierra,
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