Los conflictos ambientales mineros - por: P. Marco Arana Zegarra (*)
La minería y el tratamiento de los minerales y los
metales pueden producir desastrosas consecuencias ambientales tanto en las
zonas montañosas como en las tierras bajas. Los aspectos más graves de la
degradación ambiental debida a la minería son: los daños a la calidad y
disponibilidad del agua; la pérdida de biodiversidad y de cubierta vegetal...
"El Estado, las propias
empresas mineras y las organizaciones de la sociedad civil deben llegar a
acuerdos".
La frase que citamos es de la FAO, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y aparece en un
documento elaborado en el 2002, con ocasión del Año Internacional de las
Montañas. Pero su actualidad permanece. El boom minero iniciado en el Perú en
la década de los 90 ha
mostrado que las actividades mineras han causado daños severos sobre los
ecosistemas altoandinos. Principalmente sobre el recurso agua, algo que está
provocando la protesta de numerosas comunidades. Ocultar estos impactos
negativos de las actividades mineras no es razonable. Tarde o temprano conduce
a que el malestar de las poblaciones estalle bajo la forma de conflictos, que
pueden llegar a ser violentos. Resulta importante conocer bien de qué magnitud
y cuáles son esos impactos para introducir correcciones. El día martes 25 de
octubre, en el diario Panorama de Cajamarca, la Mesa de Diálogo del Ombusdman
del Banco Mundial dio a conocer los resultados del análisis de 302 muestras
recogidas en 103 puntos de cursos o fuentes de agua ubicadas en la zona de
influencia de Minera Yanacocha. El estudio se realizó entre los meses de abril
y julio del 2005. Las conclusiones deben tenerse en cuenta. En el agua para
bebida de animales se encontró plomo y aluminio por sobre los límites máximos
permisibles (LMP). En el agua destinada al riego se encontró cobre, plomo y
coliformes fecales también sobre los LMP. En cuanto al agua de consumo humano,
se analizaron muestras de siete canales, cuatro quebradas, un río y un manantial,
tomando como valores guías los estándares de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Se encontró arsénico, plomo, cadmio, selenio y coliformes fecales
igualmente por encima de los LMP. Este problema es de una magnitud que no se
puede seguir ignorando. Ya en enero de este año, la Dirección Regional de
Pesquería de Cajamarca emitió un Informe Técnico titulado: "Evaluación
Preliminar de Metales Pesados en Peces de la Región Cajamarca: 2001-2003",
que también lanzaba una alerta. En este documento se señalaba que, en el
análisis de metales pesados practicados en 25 peces de consumo humano - procedentes
de los ríos Grande, Llaucano, Rejo y Jequetepeque, así como de cuatro criaderos
del departamento de Cajamarca -, se encontró niveles no permitidos de mercurio.
Todos estos lugares están en áreas de influencia minera. Hasta la fecha, sin
embargo, las autoridades no han intervenido. Los conflictos vinculados a
actividades mineras muestran las debilidades de los mecanismos públicos de
fiscalización ambiental. Estos mecanismos no neutralizan el riesgo sanitario
que amenaza a poblaciones vecinas a los asientos mineros. El Estado, las
propias empresas mineras y las organizaciones de la sociedad civil deben llegar
a acuerdos. El objetivo debe ser implementar mecanismos de monitoreo ambiental
independientes, creíbles, participativos, de alto nivel técnico, transparentes
y permanentes. No habrá auténtica responsabilidad ambiental de las empresas sin
un Estado regulador eficaz y eficiente. Asimismo, las comunidades deben estar
bien informadas y participar proactivamente en la promoción de actividades
económicas importantes –sin descartar incluso la minería–dentro de sus
territorios.
(*) Premio Nacional de
Derechos Humanos y miembro de la Red Muqui.