Paramilitares S.A.
Uno de los
problemas de la política peruana es su enorme dificultad para llamar a las
cosas por su nombre. La política, muchas veces, es refugio de la mentira y
fuente de confusión. Si la política está en crisis es porque no ha podido ni
puede, hasta ahora, establecer nexos comunicativos que le permitan construir
verdades socialmente aceptadas por los ciudadanos. A los políticos no se les
"escucha", tampoco se les "cree" y menos se les
"entiende". La política ha perdido relevancia como fuente de
explicación y de sentido de lo que "sucede" en el "mundo".
El problema es que ni la política ni los políticos "llaman a las cosas por
su nombre".
Los sucesos
criminales en la mina Majaz (Río Blanco) a fines de julio e inicios de agosto
de 2005, que, como hoy demuestran las fotos publicadas por La República,
consistieron en la represión, secuestro y tortura a un grupo de campesinos de
las comunidades de Yauta, Segunda y Cajas, ubicadas en las provincias piuranas
de Ayabaca y Huancabamba (y también el asesinato de un comunero) no fueron otra
cosa sino una acción paramilitar. Ahí lo que hubo fue la colusión entre fuerzas
del Estado y fuerzas de seguridad de la empresa, las mismas que actuaron como
grupos paramilitares con el claro objetivo de intimidar y reprimir la protesta
social.
No es extraño que
el padre Marco Arana haya sido una de las pocas personas que dijeran que
estábamos, en realidad, ante el accionar de grupos paramilitares. Como se
recordará, en el 2006 Arana y varios miembros de la ONG cajamarquina Grufides
(institución dedicada a la defensa del medio ambiente) fueron objeto de
amenazas de muerte, campañas difamatorias y seguimiento (para)policiaco. Los
autores fueron miembros de un tipo de empresa privada de seguridad
(paramilitares en la práctica) que, según diversos medios, trabajaban para una
compañía minera. Incluso, en aquella oportunidad, se dijo que los miembros (o
agentes) de esa empresa de seguridad no solo portaban armas que estaban
prohibidas sino también que los mismos eran reclutados de los "bajos
fondos"; es decir, eran una suerte de "patotas armadas",
dispuestas a cualquier cosa.
Lo mismo se puede
afirmar en el caso del nuevo escándalo en que ha derivado el asunto de los
llamados petroaudios. Las acciones de la empresa "Business Track"
(BTR) y de algunos de sus miembros también podrían ser calificadas como
acciones paramilitares. En este caso no solo estamos ante acciones ilegales
sino también, sospecho, ante una colusión (o colaboración) con organismos del
Estado. No me extrañaría que muchas de esas "empresas privadas" que
hoy "chuponean", hacen reglajes y acciones operativas sean,
simplemente, órganos de fachada de los propios servicios de inteligencia.
No es creíble que
un servicio de inteligencia, como el de la Marina, no haya estado informado de
que dos de sus agentes en actividad "cachueleaban" (así ha dicho el
ministro) para una empresa privada en labores de chuponeo y espionaje. Aceptar
esa explicación (incluido el "cachueleo") debería llevar a todos los
jefes de la inteligencia a renunciar, para luego cerrar dicho servicio. El
problema, por lo tanto, no es solo la proliferación de este tipo de empresas
privadas dedicadas al espionaje –se afirma que son una treintena–, sino también
esta suerte de "informalidad" organizada y controlada de la cual
participarían los propios servicios de inteligencia. Los agentes de
inteligencia que trabajan en estas "empresas de seguridad" no son
equivalentes a los policías que cuidan los bancos u otros locales en sus días
francos porque el sueldo no les alcanza (eso sí es "cachuelear"),
sino más bien extensiones de esos mismos aparatos de inteligencia en esas
empresas, que vendrían a ser entonces parte de la llamada "comunidad de
inteligencia".
En el país no es
que se esté privatizando la "inteligencia" debido a la proliferación
de este tipo empresas de seguridad. Lo que ocurre, más bien, es el
(re)nacimiento del paramilitarismo y de la parapolítica que tuvo su apogeo en
el fujimorismo y un poco antes con el Comando Rodrigo Franco. La frontera que
nos dice dónde acaba la actividad de los servicios de inteligencia (incluidas
las labores policiales) y dónde comienza la de este tipo de empresas privadas
de seguridad, no solo es gris sino que ellas también se superponen. El caso de
Majaz, pero también el de los "chuponeos" y las persecuciones
políticas (incluyo a Raúl Wiener, a quien expreso mi solidaridad) son
ejemplos de que estamos camino a la colombianización del país, es decir,
a su paramilitarización y a la parapolítica, distinta, por cierto, a la que
pregonan otros interesadamente, que consistiría en la conversión del
narcotráfico y sendero en una suerte de FARC peruanas. Y eso sí es un
"coche bomba" para nuestra frágil democracia. Por ello es hora
de llamar a las cosas por su nombre.
LA REPUBLICA Sábado, 17/01/2009