Wilfredo Ardito Vega* sobre el Premio Nacional de Derechos Humanos para Marco Arana
 
Adital - "Son unos borrachos alentados por un cura rojo que les entrega aguardiente", así describían unos pasquines que circulaban por Cajamarca a los campesinos que protestaban el pasado mes de agosto contra la explotación del cerro Quilish por la empresa Yanacocha. En realidad, quienes protestaban no estaban borrachos, sino muy preocupados por la promulgación de la Resolución 361-2004 por la que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), autorizaba a Yanacocha a comenzar dichas actividades.
Los cuestionamientos hacia Yanacocha datan de 1993, cuando muchos campesinos denunciaron que la empresa los había presionado para vender sus tierras, pagándoles una miseria. Marco Arana (el denominado "cura rojo" por los pasquines), era entonces el párroco de Porcón y logró en base a diversas gestiones que la empresa reconociera mayores precios a los campesinos. Sin embargo, una sucesión de problemas ambientales y sociales ocasionados por la actividad minera, terminaron causando sentimientos adversos en la población hacia la empresa. La actitud arrogante y prepotente de sus funcionarios contribuyó a generalizar estos sentimientos.
Después del desastre de Choropampa, era comprensible el temor de los cajamarquinos a morir envenenados con mercurio, cianuro u otro compuesto químico vinculado a las actividades mineras en el cerro Quilish, que es la principal fuente de agua de la ciudad y los valles aledaños. Además, en el Quilish existe una fauna rica y diversa, que incluye animales en vías de extinción como zorros andinos, zarigüeyas, cernícalos, búhos, sapos andinos. Por todo ello, en octubre del año 2000, la Municipalidad Provincial había emitido una Ordenanza declarando zona protegida el cerro y las microcuencas de los ríos Quilish, Porcón y Grande.
A fines de agosto de este año, los representantes del MEM, que habían favorecido permanentemente a Yanacocha suspendieron el diálogo con la población y la empresa manifestó su intención de comenzar los trabajos. Desesperados, los campesinos bloquearon las carreteras. Durante los siguientes días, algunos medios difundieron informaciones tendenciosas: que los campesinos habían cortado el abastecimiento de agua de la ciudad, que mantenían secuestrados a periodistas, que actuaban manipulados por el cura rojo. En realidad, la represión policial hacia los campesinos hacía temer que pronto se producirían víctimas fatales.
Este temor era bastante comprensible: durante el gobierno de Toledo once manifestantes han muerto por balas o bombas lacrimógenas disparadas por la policía o el ejército. Un caso representativo es el de Reemberto Herrera, campesino piurano que protestaba en Huancabamba contra la empresa minera Majaz. En opinión de Dante Vera, funcionario del Ministerio del Interior de aquel entonces, es adecuado reprimir con severidad las protestas contra las empresas mineras por su carácter "antisistémico", dado que el Estado ha decidido favorecer el desarrollo minero.
Uno de los factores que logró evitar la muerte de campesinos durante el conflicto del cerro Quilish, a pesar de los enormes intereses en juego, fue la decidida mediación de Marco Arana. Ante las autoridades y la propia empresa Yanacocha, Arana era quien manipulaba a los campesinos (la página web de la empresa lo acusaba hasta hace poco de violento, manipulador e ideologizado). Arana buscaba simplemente una solución pacífica y justa para los conflictos sociales que ocasionaba la actividad minera, para lo cual, el primer paso era considerar a los campesinos como interlocutores válidos, que merecían respeto. Su compromiso y ejemplo, terminaron incorporando a las autoridades de Cajamarca, incluyendo todos los congresistas.
En los últimos años, la empresa había gastado centenares de miles de dólares en donaciones auspiciando equipos de fútbol, fiestas patronales y actividades artesanales. Según Arana, el dinero era usado más como un instrumento de control social sobre la población, que con una verdadera perspectiva de desarrollo. En ese aspecto, fue un rotundo fracaso, porque Yanacocha quedó virtualmente aislada en Cajamarca. De esta forma, cuando en septiembre la empresa anunció que suspendería las actividades, la población reaccionó con desconfianza y escepticismo.
Ante esta situación, el pasado 4 de noviembre, Yanacocha declaró en un pronunciamiento público que desistía de explorar el cerro Quilish. La empresa reconoció sus errores en la relación con la población y los efectos negativos de sus actividades en un mea culpa sin precedentes entre las empresas que operan en el Perú, nacionales o extranjeras. Al día siguiente, de manera diligente, el MEM derogó la Resolución 361.
El Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado al Padre Arana revela que los conflictos mineros se están volviendo uno de los problemas sociales donde más derechos humanos se ven involucrados: desde el medio ambiente hasta la propiedad, desde el derecho a la participación hasta el derecho a la vida. A los pocos días del comunicado de Yanacocha, estallaba un nuevo conflicto minero en Cajamarca, en La Zanja, propiedad de Buenaventura y Newmont (los mismos propietarios de Yanacocha). Múltiples testimonios señalan que Venicio Mendoza, miembro de seguridad de la empresa, asesinó a sangre fría al rondero Juan Montenegro. Su muerte, como la de Reemberto Herrera, Enrique Mega (Pucalá), Nicolás Gonzales, Florencio Quispe y Mauro Surco (San Gabán), asesinados todos durante este año, sigue esperando justicia. Este 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, es oportuno recordarlos a todos ellos.

* Periodista, colaborador de Adital